Un operativo policial desarticuló una red de carreras clandestinas de galgos. Se secuestraron armas de fuego, productos químicos y celulares.
El caso pone nuevamente en foco el maltrato animal y la necesidad de reforzar los controles sobre estas actividades prohibidas.
El operativo lo llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ordenado por la Justicia Federal. Fue desbaratada una red ilegal de carreras de galgos en Coronel Pringles y Tres Arroyos.
Cómo funcionaba la red de carreras clandestinas de galgos
La investigación, que demandó varios meses de seguimiento e inteligencia, culminó con allanamientos simultáneos en múltiples domicilios.
Secuestraron armamento, dispositivos móviles, dinero en efectivo y productos químicos de origen veterinario.
Las autoridades indicaron que los productos incautados serían utilizados para alterar el rendimiento de los perros mediante dopaje, una práctica habitual en este tipo de eventos ilegales.
También se hallaron elementos que confirmarían la apuesta clandestina y la explotación sistemática de animales.
En total, fueron detenidas varias personas que ahora enfrentan cargos por violación a la Ley de Protección Animal, tenencia ilegal de armas y encubrimiento.
Las carreras de galgos están prohibidas en todo el país desde 2016, a partir de la sanción de la Ley Nacional 27.330. Sin embargo, estas prácticas clandestinas continúan operando en zonas rurales y semiurbanas, muchas veces en circuitos improvisados y con alto nivel de organización ilegal.
Este es un nuevo golpe a una actividad delictiva que combina crueldad, apuestas ilegales y redes organizadas de explotación animal.
Organizaciones proteccionistas celebraron el operativo y reclamaron mayor vigilancia y fiscalización, especialmente en zonas donde se sabe que suelen realizarse estas competencias ilícitas.
También advirtieron que, si bien existe una ley nacional que prohíbe las carreras, su cumplimiento efectivo aún enfrenta obstáculos. Principalmente por la falta de recursos y la connivencia local en algunos distritos.
Este caso reabre el debate sobre la necesidad de endurecer las penas por maltrato animal y de promover campañas de concientización sobre los derechos de los animales y el impacto de estas prácticas.
